La Fundación de Desarrollo Social, Cultural y Etnoducativo «Azúcar», la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras Conamune Nacional, el IAEN – La Universidad de Posgrado del Estado, y la Fundación Regional de Asesorías en Derechos Humanos (Inredh) organizaron el encuentro internacional «Más allá de los datos: Análisis sobre el derecho a la visibilidad estadística del Pueblo Afroecuatoriano». Este evento contó con la participación de catedráticos y especialistas en temas censales, así como ponentes de organizaciones afroecuatorianas que conocen de cerca la realidad del pueblo afroecuatoriano.
En la primera mesa de diálogo, se discutieron los aspectos técnicos del ejercicio censal que llevaron a una reducción de la población afroecuatoriana del 7.2% al 4.8%. Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), inició su intervención exponiendo varios problemas durante las fases del censo poblacional, incluyendo quejas sobre la ejecución de operaciones en la campaña de comunicación, deficiencias en la capacitación de empadronadores, inseguridad, y la falta de evaluaciones independientes del censo. Posteriormente, presentó comparativas entre el censo de 2010 y el de 2022 en cuanto a la desagregación de la población, centrándose en cuatro hipótesis sobre la reducción de la población afroecuatoriana: que no fueron censados, que dejaron de autoidentificarse como afro, que otras etnias crecieron sustancialmente, y que hubo una migración excesiva enfocada en la población afroecuatoriana. Sin embargo, remarcó que la hipótesis más evidente y fácil de demostrar es la omisión censal de la población afrodescendiente.
Carlos Viáfara, profesor de la Universidad del Valle en Cali, quien ha seguido de cerca el caso de la población afrocolombiana en el censo, indicó que la omisión censal es un problema significativo en Ecuador, Colombia y México, debido a un sesgo en la aplicación de la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial. Esto es crucial para asegurar buenos resultados en los censos de población. También mencionó la importancia de abordar la omisión censal y la insuficiente concertación-sensibilización como problemas significativos.
En esta primera mesa, Jhon Antón Sánchez, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, destacó la importancia del censo y cómo estos procesos pueden llevar a una biopolítica o necro política, es decir, «te dejo vivir o te dejo morir».
En la segunda mesa de diálogo, se abordaron las consecuencias sociales y de políticas públicas para la población afroecuatoriana ante la reducción poblacional. Diana León, abogada de la Universidad Simón Bolívar, señaló que “El censo permite diagnosticar las problemáticas públicas que requieren atención estatal. La disminución censal afecta directamente el diagnóstico para ejecutar políticas públicas y su asignación presupuestaria tenderá a ser reducida, ampliando las brechas de desigualdad del pueblo afroecuatoriano”.
Efstathios Stefos, profesor de la Universidad Nacional de Educación, indicó que efectivamente existen errores en el censo y que “es necesaria una acción de protección”, ya que los números h
ablan por sí solos. También enfatizó que “el Estado tiene que escucharnos; el pueblo afroecuatoriano está sufriendo”.
Por su parte, Alodia Borja de la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), expresó que con los resultados del censo “se busca blanquear nuestro pueblo a través de la planificación de un exterminio”, argumentando que «el estado ecuatoriano es estructuralmente racista, discriminatorio y excluyente”. Su punto de vista sobre el blanqueamiento fue secundado por Alex Valle, profesor de IAEN, quien señaló que se busca reforzar un Estado dominante a través de la universalización. Asimismo, destacó que «los efectos e impactos de estas cifras, que reducen abruptamente a la población afroecuatoriana, van desde la homogenización violenta para la conformación de la República, hasta la inexistencia de políticas públicas para los afroecuatorianos”.
Actualmente, la población afroecuatoriana se ha reducido en el censo de 2022 a un 2.4%, pasando del 7.2% en 2010 al 4.8%. Esto trae varias consecuencias negativas para el pueblo afroecuatoriano, comenzando por la falta de garantías como sujetos de derecho que requieren el amparo del Estado.
